Como Diane Rodríguez, Presidenta de la Cámara Plus y de la Asociación Silueta X, denuncio enérgicamente el clima de hostilidad institucional que ha seguido a la Sentencia 4-24-CN/26. Basándome en el reciente Boletín Técnico BT-IEDI-003-2026, advierto que no solo estamos ante un ataque a los derechos de nuestros adolescentes, sino ante un sabotaje económico planificado.

La Doble Cara del Estado

Mientras la Corte Constitucional avanza en la protección de la identidad, el Gobierno Nacional y sectores de la Asamblea Nacional orquestan manifestaciones y discursos de odio. Esta hostilidad tiene un costo real:

• $42 Millones anuales es lo que Ecuador pierde por la exclusión laboral de personas trans.
• 85.1% de desempleo en una población donde el 97.7% tiene formación académica. ¡No es falta de capacidad, es persecución!

Mi Posición Técnica y Política

Como especialista en Administración Pública y Psicología Jurídica, exijo al Estado:

1. Cese inmediato de la patologización: Los discursos de la Conferencia Episcopal y de ciertos asambleístas legitiman la violencia y la exclusión familiar.
2. Garantía de Seguridad Jurídica: La incertidumbre sobre la vigencia de la sentencia ahuyenta la inversión y la formalización de nuestros emprendedores. El 68% de nosotros emprendemos por falta de opciones, no nos quiten también esa salida.
3. Implementación del Fallo: El Registro Civil debe cumplir la sentencia sin dilaciones burocráticas que solo profundizan el estigma.

«La inclusión no es un favor, es un derecho constitucional y una necesidad para el desarrollo económico del Ecuador. No permitiremos que el conservadurismo borre lo que la justicia ya reconoció.» — Mgs. Diane Rodríguez

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