Trece años documentando la violencia contra personas LGBTIQ+ en Ecuador, y una pregunta que llega desde tribunales a miles de kilómetros.

Cada tanto recibo un correo de un abogado o abogada de inmigración en Estados Unidos. El formato varía poco. Presentan a su cliente, explican el caso, y luego llega la pregunta que motiva el mensaje: ¿podría usted confirmar si esta persona habría podido reubicarse en otra ciudad de Ecuador?

La pregunta es legítima. Es, de hecho, la pregunta correcta desde el punto de vista técnico, porque un juez se la va a hacer y alguien tiene que responderla con evidencia. Pero cuando llega a mi bandeja tiene un peso distinto, porque yo no leo un expediente. Leo un nombre que a veces ya está en mi base de datos, o que se parece demasiado a otro que sí lo está.

Llevo trece años dirigiendo el Observatorio Runa Sipiy. Trece informes anuales entregados al Estado ecuatoriano. Trece años de un trabajo que consiste, esencialmente, en llamar por teléfono a familias para confirmar cómo murió alguien.

Quiero explicar por qué la respuesta a esa pregunta es siempre la misma.

El mapa que no existe

La reubicación interna funciona sobre un supuesto geográfico: que el país tiene zonas peligrosas y zonas seguras, y que la persona pudo haber cruzado de unas a otras.

Ese mapa yo lo he buscado. Es literalmente mi trabajo buscarlo. No existe.

En febrero de este año, pescadores artesanales encontraron el cuerpo de Daleska en una zona de manglares del archipiélago de Jambelí, en Santa Rosa, provincia de El Oro. Tenía 21 años. Su familia había reportado su desaparición días antes y no se activó ningún protocolo eficaz de búsqueda urgente.

Deyran tenía 15 años y fue asesinada en Ibarra, en la sierra norte. Otra mujer trans, trabajadora sexual, murió por disparos en Cuenca, en la sierra austral. Gisella Granda tenía 46 años y también apareció en El Oro.

Costa, sierra, frontera. Provincia con puerto, provincia agrícola, ciudad andina patrimonial. Si alguien me señala una provincia y me pide que confirme que allí una mujer trans estaría sustancialmente más segura, tendría que inventar el dato. Y no invento datos: es lo único que sostiene la utilidad de este trabajo.

La provincia del Guayas concentra entre el 35% y el 40% de los casos. Ese número suele citarse como si dijera dónde está el peligro. Dice lo contrario: dice que entre seis y siete de cada diez asesinatos ocurren en otra parte.

Lo que nadie considera

Hay una razón menos visible, y es la que más me cuesta explicar en un correo.

Una persona que huye busca dejar de ser encontrable. En Ecuador eso es imposible para una mujer trans, y no por falta de voluntad: por diseño legal.

El número de cédula que le asignaron al nacer no cambia nunca. La rectificación del campo de género se hace una sola vez, ante dos testigos, y queda asentada en un registro nacional único. Y la cédula resultante muestra la etiqueta «GÉNERO» donde el resto de las cédulas ecuatorianas dice «SEXO».

Ese documento se exige para alquilar un cuarto, para firmar un contrato, para abrir una cuenta, para pasar un control policial. Mudarse de ciudad no cambia nada de eso. Solo agrega el hecho de llegar sin conocer a nadie.

Peleamos años por ese reconocimiento legal y lo defiendo. Pero tengo que decir con honestidad profesional que, tal como está diseñado, protege menos de lo que celebramos.

Para qué sirven trece informes

Durante mucho tiempo entregué esos informes con la expectativa razonable de que alguien en el Estado ecuatoriano los leyera y actuara.

No ha ocurrido. Ninguna institución —ni la Policía Nacional, ni la Fiscalía, ni el INEC— lleva un registro oficial diferenciado de asesinatos de personas LGBTIQ+. El transfemicidio sigue sin estar tipificado en el Código Orgánico Integral Penal. De las 169 mujeres trans asesinadas entre 2010 y 2025, la tasa estimada de resolución es inferior al 5%.

Con los años entendí algo que no era el plan original. Esos informes hoy terminan en carpetas de expedientes en tribunales de Los Ángeles, de Ohio, de Nueva York. Se citan en audiencias donde se decide si alguien puede quedarse a salvo.

Es una forma amarga de utilidad. El Estado ecuatoriano no lee nuestros informes; los lee un juez que está evaluando si este país es habitable para las personas que documentamos. Y la respuesta que damos, con la evidencia disponible, es que no lo es en ninguna de sus veinticuatro provincias.

La respuesta

Así que cuando me preguntan por qué no se mudó, la respuesta que doy es esta:

Porque no había a dónde. Porque la violencia está registrada en las tres regiones del país. Porque la impunidad no es de una fiscalía sino de un vacío normativo que rige en todo el territorio. Porque los centros donde encierran a personas LGBTIQ+ para «corregirlas» cierran en un cantón y reabren en otro sin consecuencia penal. Porque la exclusión laboral no cambia de código postal. Y porque el documento que lleva en el bolsillo la anuncia apenas llega.

Pedirle a una mujer trans ecuatoriana que se mude a otra ciudad no es ofrecerle protección. Es pedirle que cambie de escenario el mismo riesgo, sin red y sin ingresos.

Esa no es una alternativa de huida interna. Es una mudanza.

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El análisis jurídico completo de este argumento, con la reglamentación aplicable, las Directrices sobre Protección Internacional No. 9 del ACNUR y notas al pie, está publicado en el sitio de la Asociación Silueta X:
Reubicación interna en Ecuador: por qué no es una opción real para las personas LGBTIQ+

Los datos citados provienen del Observatorio Runa Sipiy de la Asociación Silueta X.

Informes info@siluetax.org con copia siluetax@gmail.com