La Agencia de Asilo de la Unión Europea (EUAA) informó que los países de la UE+ recibieron unas 332.000 solicitudes de protección internacional en el primer semestre de 2026, un 17 % menos que en el mismo periodo de 2025. Afganistán encabezó las solicitudes con unas 39.000; Venezuela registró alrededor de 33.000, de las cuales el 93 % fueron presentadas en España. La tasa global de reconocimiento en primera instancia fue del 31 %.

Estos datos coinciden con la entrada en aplicación, el 12 de junio de 2026, del nuevo marco del Pacto europeo sobre Migración y Asilo. El Reglamento (UE) 2024/1348 sobre procedimientos de asilo introduce un criterio especialmente relevante: en determinadas condiciones, las personas de nacionalidades cuya tasa europea de reconocimiento sea del 20 % o inferior deben ser canalizadas a procedimientos acelerados y, en ciertos casos, fronterizos.

Una tasa nacional es un filtro procesal, no una prueba de seguridad

La diferencia jurídica es esencial. Una tasa de reconocimiento baja puede influir en cómo se tramita una solicitud, pero no debe definir por sí sola si una persona corre peligro. El artículo 42 del Reglamento exige acelerar ciertos casos, pero también permite apartarse del promedio cuando este no representa adecuadamente las necesidades de protección de una categoría concreta.

Para personas LGBTIQ+, esa excepción puede ser decisiva. El Reglamento (UE) 2024/1347 exige considerar circunstancias individuales como género, identidad de género y orientación sexual, y reconoce que estas características pueden ser relevantes para determinar la pertenencia a un grupo social particular.

El caso venezolano demuestra por qué los promedios necesitan contexto

Según la EUAA, la tasa de reconocimiento europea para personas venezolanas rondó el 2 % en 2025. Sin embargo, esa cifra no refleja toda la protección concedida en España, porque determinadas autorizaciones nacionales por razones humanitarias no cuentan como «protección internacional» en la estadística europea. El resultado es una paradoja: una persona puede quedar registrada como decisión negativa a efectos de la tasa europea y, al mismo tiempo, recibir una forma nacional de protección.

Por eso, utilizar la tasa agregada como si fuera un diagnóstico de seguridad del país de origen sería metodológicamente incorrecto y jurídicamente peligroso.

La lectura de Zackary Elías Morales

Para Zackary Oriel Elías Morales, activista trans y director de Asociación Silueta X, el nuevo régimen obliga a quienes acompañan casos de asilo a distinguir con precisión entre estadísticas de sistema y riesgo individual. Su trayectoria pública incluye litigio constitucional en Ecuador y trabajo de formación sobre identidad de género, no discriminación y derechos humanos.

Desde esa perspectiva, un expediente LGBTIQ+ sólido debe explicar no solo la pertenencia a una población diversa, sino también el contexto de amenazas, agresiones, violencia institucional o familiar, discriminación grave, falta de protección efectiva y cualquier otro factor que permita demostrar por qué esa persona concreta enfrenta un riesgo distinto al promedio nacional.

Non-refoulement: el límite que no desaparece

La prohibición de devolución continúa operando como salvaguarda central. El artículo 33 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados prohíbe devolver a una persona refugiada a un territorio donde su vida o libertad estén amenazadas por motivos protegidos. La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea añade la prohibición de expulsión o extradición cuando exista riesgo serio de pena de muerte, tortura o trato inhumano o degradante.

Un procedimiento más rápido no autoriza una evaluación superficial. El propio marco europeo exige que las solicitudes sean examinadas de forma objetiva, imparcial e individualizada.

Qué debería documentar una persona LGBTIQ+ latinoamericana

• Hechos individualizados de persecución, violencia o amenazas.
• Denuncias, mensajes, reportes médicos, resoluciones, testimonios u otros elementos verificables.
• Información reciente y confiable sobre el país de origen y sobre la situación específica de personas LGBTIQ+.
• Razones por las que las autoridades del país de origen no brindaron, no pueden brindar o no brindarán protección efectiva.
• Explicación de por qué la tasa nacional de reconocimiento no representa adecuadamente el riesgo del caso concreto.